La Ley 93/2021, de 20 de diciembre, en vigor desde el 18 de junio de 2022, establece el régimen general de protección de los denunciantes de irregularidades, transponiendo la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión - Ley de denuncia de irregularidades.

Cualquier persona física que tenga conocimiento de información relativa a infracciones que haya obtenido en el ejercicio de su actividad profesional, incluidos aquí (i) los empleados, (ii) los prestadores de servicios, contratistas, subcontratistas y proveedores (o cualquier persona bajo su supervisión), (iii) los titulares de participaciones y miembros de órganos estatutarios, (iv) los voluntarios y becarios y (v) los antiguos empleados y solicitantes de empleo. Los denunciantes tienen garantizada la confidencialidad de su identidad o anonimato en todo momento o hasta que esta información sea necesaria para salvaguardar los derechos de defensa de los afectados por la denuncia, en el ámbito de las investigaciones a que dé lugar o de posteriores procedimientos judiciales. También se podrá solicitar asesoramiento confidencial para estudiar la posibilidad de presentar una denuncia. Todas las denuncias deben presentarse de buena fe y por motivos razonables. Están prohibidos los actos de represalia contra el denunciante.